Los antecedentes de la Guerra del Pacífico son los eventos que precedieron el inicio del conflicto bélico entre Bolivia, Chile y el Perú, desarrollado entre 1879 y 1884, y que fue conocido como Guerra del Pacífico. Una guerra por el salitre en donde muchos soldados lucharon por obtener tierras que tengan riquezas naturales para luego ser explotadas con fines financieros para el país.
Antofagasta en Bolivia y Tarapacá en el Perú, era una zona salitrera que era explotada por capitales chilenos. Bolivia celebra un contrato para que una compañía chilena explote el salitre en 1873. Bolivia y el Perú firman un tratado de alianza defensiva, secreto, en 1873. Bolivia y Chile firman un tratado de límites en 1874.
Para Bolivia, el contrato con la compañía de salitres estaba incompleto por lo que el congreso para aprobar el contrato decide imponer un impuesto de 10 centavos, esto no contravenía el tratado de 1874 por que el contrato aún no estaba vigente a esa fecha. Bolivia suspende el impuesto por deferencia al gobierno de Chile, pero ante una nota del canciller chileno Fierro se reactivó la ley del impuesto y luego la anulación y el remate de la Compañía de Salitres. Bolivia realizó sus decisiones con la confianza de contar con el apoyo del Perú, con quien había firmado un tratado de alianza defensivo, si Chile realizaba acciones bélicas en defensa de la Compañía de Salitres. Ante la presencia del Blanco Encalada y la posterior ocupación chilena de Antofagasta, exige al Perú que se active el tratado de la alianza.
Para Chile el impuesto de los 10 centavos violaba el tratado de 1874 ya que según este no se debía imponer nuevos impuestos a las compañías chilenas que operaban en territorio boliviano. Ante la ruptura del tratado de límites por parte de Bolivia y la anulación del contrato de la Compañía de Salitres, Chile ocupó el territorio de Antofagasta que se encontraba en litigio con Bolivia antes de 1866. Chile consideró las misiones mediadoras peruanas como dilatorias y ante la preparación peruana para una guerra, la existencia de un pacto secreto con Bolivia y al no declararse el Perú como neutral en este conflicto, decide declarar la guerra a Bolivia y el Perú el 5 de abril de 1879.
Para el Perú, el tratado de la alianza lo ligaba a Bolivia. El Perú no deseaba involucrarse en una guerra y tampoco aceptaría la ocupación chilena de Antofagasta. Por ello envía al mediador Lavalle ofreciendo la suspensión del impuesto y buscando la desocupación de Antofagasta. Las actitudes de la prensa chilena y la concentración de tropas chilenas en Antofagasta activan las preparaciones militares peruanas para la defensa de Tarapacá. Para evitar el conflicto con Chile, revela el texto completo del tratado de la alianza indicando que no era ofensivo a Chile.
Desde entonces ha sido tema, de constante controversia, en que jurisdicción se encontraba el desierto de Atacama y si las república de Bolivia y Chile tenían derechos sobre él.
Basándose en diversos mapas realizados por las autoridades coloniales en el siglo XVIII, o incluso antes, como el Plano general del Reino de Chile elaborado en 1793 por orden del virrey del Perú Francisco Gil de Taboada y Lemos, la historiografía chilena ha sostenido que Atacama le pertenecía hasta el río Loa, habiendo sido siempre su frontera natural con el Virreinato del Perú.
Cabe señalar que desde sus orígenes la zona de Atacama se encontraba escasamente habitada, siendo su principal asentamiento el poblado de San Pedro de Atacama ubicado sobre un afluente del río Loa y que tenía como principal misión la evangelización de los indígenas que habitaban en el lugar. Esto llevó que aun a principios del siglo XIX el territorio fuera conocido como el despoblado de Atacama
El tratado de 1866 tenía por finalidad, de acuerdo a su preámbulo, establecer una medianería en favor ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieren sobre los minerales extraídos en aquella área.
El primer tratado fue rechazado por el gobierno boliviano, pues consideró que la división de tributos era desventajosa para Bolivia, controversia que se resolvió con la suscripción del tratado de 1874, que modificaba al anterior. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio no excedieran la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años. Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.
En 1878 las autoridades bolivianas, en medio de una crisis económica, buscaron reaccionar a los privilegios que el anterior gobierno otorgó a los empresarios de la zona. En ese contexto el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, aún no estaba vigente, porque de acuerdo a la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile
De acuerdo a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia de parte de los propietarios de la empresa afectada, y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, iniciando un conflicto diplomático. En la crisis resultante participó el Perú, que envió un Embajador Especial y Plenipotenciario a Santiago para tratar de evitar una posible guerra, mediante la negociación. El tratado indicaba que las controversias que diere lugar "la inteligencia y ejecución del Tratado" debían someterse a arbitraje.
Posteriormente, en 1 de febrero de 1879 el gobierno de Hilarión Daza rescinde el contrato, suspendiendo los efectos de la ley de 14 de febrero de 1878, y decide reivindicar las salitreras detentadas por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta y rematar estas últimas, para cobrar los impuestos impagos desde febrero de 1878. El remate estaba programado para el 14 de febrero de 1879.
Gracias a los archivos de la compañía de Salitres y ferrocarriles de Antofagasta, se descubre que el ambiente en Chile no es de ir a la guerra por salvar a la compañía, a pesar de que muchos políticos y ministros importantes eran accionistas minoritarios de la compañía, pero que sí se iría a la guerra si se remataran efectivamente las salitreras, que según la visión del presidente de Chile Aníbal Pinto, sólo en ese momento se violaría efectivamente el tratado.
En Chile, la decisión de ir a la guerra se toma la mañana del 11 de febrero, cuando en una sesión especial del gabinete chileno se recibe un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia "Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras de la compañía". Este gatilla la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se verifica el 14 de febrero de 1879, penetrando las tropas chilenas al interior del litoral boliviano, Ante esta situación el 27 de febrero, Hilarión Daza decreta el estado de sitio en Bolivia
El Perú, que había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva de carácter secreto con Bolivia en 1873 y al que Argentina no se había adherido, trata de persuadir al gobierno de La Paz, para someterse a un arbitraje, figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, y debido a que se trataba de un "problema tributario" y no territorial; sin embargo, Chile no dio muestras de voluntad de aplicar el arbitraje, para lo que se ofreció enviando a su ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle; la misión del diplomático fracasó y en lugar de ello, el gobierno de Chile, denuncia al plenipotenciario peruano la existencia del "Tratado Secreto" firmado con Bolivia
